Chile nuevamente intentará enterrar la Constitución de Augusto Pinochet, redactada en 1980, en la dictadura, aunque reformada en 64 ocasiones en democracia. Más de 15,1 millones de personas están convocadas este domingo a las urnas para elegir a los 50 miembros del Consejo Constitucional que, desde el 7 de junio, deberá redactar una nueva propuesta de Carta Magna, que será plebiscitada en diciembre.

Es una elección donde se juega el futuro de Chile. Aunque el proceso tiene límites muy definidos por la clase política, a diferencia del fracasado proceso anterior que se llevó a cabo entre 2019 y 2022, los consejeros deberán determinar si Chile seguirá teniendo un Estado subsidiario, como en los últimos 43 años, o el Estado tendrá un papel solidario, con derechos sociales consagrados y garantizados constitucionalmente, no en manos prioritarias del mercado. La principal paradoja se produciría si, como indican las encuestas, el Partido Republicano de la derecha extrema se transforma esta jornada electoral en la principal fuerza de la política chilena. No solo no ha cortado los lazos con el pinochetismo –este año se conmemoran los 50 años del golpe de Estado–, sino que no ha ocultado su interés en mantener la Carta Fundamental actual.


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