La educación es un bien público esencial. Sin una formación de calidad, inclusiva y equitativa, los países no romperán el ciclo de pobreza que deja rezagados a millones de niños, niñas, jóvenes y adultos. Esa certeza cobra aún más relevancia ante el impacto de la crisis de la covid-19. Los países necesitan recuperar sus economías y superar las graves consecuencias causadas por la pandemia. La educación es clave para eso.
Un espacio de actuación impostergable de esta agenda es el de la agricultura, los territorios rurales y su integración con los centros urbanos. La materialización de su potencial requiere de la innovación y la tecnología para disparar círculos virtuosos de crecimiento económico, generación de empleo y reducción de la brecha social.
En América Latina y el Caribe, la agricultura es una actividad central y una de las pocas que se mantuvo activa desde la irrupción de la covid-19. En los próximos años dará otro salto cualitativo, incorporando las ventajas de la digitalización y otros avances tecnológicos.
Se trata de un cambio inexorable que requiere la formación de nuevas capacidades, porque la digitalización de la agricultura puede contribuir a aumentar la oferta y la calidad de los alimentos en el marco de una relación armónica con el medio ambiente.
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